El Ministro de Trabajo y el cierre de Oficinas de Inspección y de
Conciliación de Trabajo
Franco Benavides Flores
Secretario General de la Afumitra
Desde hace
muchos años se inventó una especie de escudo contra las propuestas de reforma que salen de los escritorios de
algunos “expertos”. Y es que los
“experimentos sociales” a veces tienen costos muy altos y, por lo general, son
las poblaciones más vulnerables las que los sufren.
Es cierto
que la mayoría de propuestas se quedan engavetadas y, en el fondo, no tienen
más propósito que contratar a esos expertos de las oenejes que pululan alrededor del Estado que tanto detestan.
Pero a la
propuesta a que me refiero es a una concebida para la Inspección y Conciliación
de Trabajo por expertos internos y los que se trajo, como equipo de confianza, el
Ministro de Trabajo. Se trata de “una profunda
reflexión gerencial” y consiste en cerrar 11 oficinas (la tercera parte
de las que existen), concentrar el personal en el resto de oficinas y ofrecer
una especie de “servicio ambulatorio o por ventanillas”.
Lo curioso
es que la propuesta de cierre de oficinas se da precisamente en el momento en
que se aprueban 108 nuevas plazas para fortalecer los servicios de inspección y
conciliación laborales. Lo curioso es
que la propuesta estuvo lista apenas en los primeros días de diciembre y debe
aplicarse a partir del 1 de enero de 2017.
¿Por qué esa prisa? Suponemos que tiene que ver con los “tiempos
políticos” del actual Ministro y no tanto con que la Ley de Reforma Procesal
Laboral entre a regir en julio, que es el pretexto argüido para aplicar de una
sola vez un cambio tal radical.
Suponiendo
que los expertos que han concebido un modelo de atención con puros
cálculos estadísticos (Población ocupada, número de casos en los tribunales,
etc.) -sin consultar a las personas que prestan los servicios de inspección y
de conciliación, lo cual ya crea serias dudas sobre su la viabilidad-;
suponiendo que esos expertos son unos arrechos: nadie arrastra a una institución a la aventura de clausurar
oficinas que tienen décadas de prestar servicios, sin primero poner a prueba su
“modelo”.
Por eso
decíamos arriba que contra las “ideas” de los expertos se inventó lo que es
ampliamente conocido como “planes
piloto” o simplemente: “ensayo y error”, pero a pequeña escala. Imaginen
cerrar las oficinas de Upala, Bribrí, Golfito, San Vito, Puriscal, Orotina,
Guácimo, Naranjo, Nandarye, Nicoya y la Fortuna, a puro cálculo de costos de
alquileres y de estadísticas de población, sin tomar en cuenta la
vulnerabilidad social, la identidad cultural de las comunidades, los polos de
atracción geográfica, las distancias y la provisión de transporte público, etc.
¿Cuál es la
prisa que tiene el Ministro de Trabajo? ¿Por qué si ahora se tienen 108 plazas
nuevas no se fortalece las oficinas existentes y de ser posible se abren otras?
¿Será que no se trata del “tiempo institucional” sino del “tiempo de la
política electoral”? Es que lo
irracional, no solo del contenido de propuesta, sino de urgencia de aplicarla
no nos puede generar más que malos pensamientos.
San Rafael,
4 de enero de 2017
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