Algunas consideraciones
sobre el proyecto “C.E.R.R.AR.”
Cosas que Ottón no dice
Ottón Solís parte del supuesto de
que el manejo de los programas estatales para combatir la pobreza no es
eficiente ni eficaz por la “duplicidad de funciones” y propone como solución el
cierre de instituciones y el despido de empleados públicos.
Las siguientes son algunas
consideraciones que procuran presentar una perspectiva distinta a la del adalid
de la austeridad estatal y matizan su aseveración de la “ineficacia” y
“duplicidad”.
1.- La ineficiencia y la ineficacia del Estado no es un problema de
sobre-empleo.
Aunque es evidente que su propósito
no es aumentar el desempleo, lo cierto es que la propuesta de Ottón privilegia
el recorte de personal como la mejor solución.
Con esto, ese diputado aporta su cuota a la campaña que apunta a los
empleados públicos como los culpables de los principales problemas que presenta
el Aparato Estatal aunque, si los tiene, la responsabilidad habría que buscarla
entre quienes lo “diseñaron” y lo “gobernaron” durante los últimos 40 años; es
decir: el PLN y el PUSC.
El nivel de empleo público no ha crecido respecto a otros períodos y es
igual al promedio de la OCDE. Que no hay
un sobre-empleo público en Costa Rica se
desprende de las estadísticas que comparan distintos períodos de nuestra
historia y datos de otros países. Así
por ejemplo, en 1986 el porcentaje de empleados públicos respecto al total de ocupados
era de un 19.7%, mientras que para el 2013 ese porcentaje se redujo al
15.1%. Si comparamos el nivel de empleo
público con el de los países que
componen la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (de la
que aspira Costa Rica ser parte), se tiene que para el año 2011 el porcentaje de
empleados públicos respecto al total de ocupados era del 15.0% mientras que para Costa Rica, en el
mismo año, el porcentaje fue de un 15.2 (MIDEPLAN: Gestión
del empleo y remuneraciones en el Sector Público. Datos relevantes. Insumos de trabajo para discusión; 2015).
2.- El problema de los programas de combate a la pobreza no es el de la
“duplicidad”.
En primer lugar hay que decir que la Inversión Social Pública (ISP)
decayó por muchos años, tanto que no fue hasta el año 2015 que “… por primera vez en 34 años se logró
recuperar los niveles reales de inversión de la Inversión Social Pública per
cápita de 1980.” (XXI Informe del Estado de la Nación; pp.112).
Es decir, que el combate a la pobreza ha tenido como a uno de
principales enemigos la “austeridad” que tanto le gusta a Ottón.
El “clientelismo político”. Por otra parte, cuando el Informe
del Estado de la Nación para el año 2014
hace una valoración de los programas de combate a la pobreza, apunta
como principal problema no la “duplicidad” de los mismos (a la cual ni siquiera
alude), sino a que los “beneficios no se
orientan a la población objetivo”, es decir, a los pobres (Idem.; 115). Es
lo que los estudiosos denominan las “filtraciones” (incluir beneficiarios que
no son pobres). Este tema sin duda está
más asociado al “clientelismo político”
que a una mala organización de las instituciones que están a cargo de esos
programas. Y aunque el informe citado no lo dice de manera directa y apenas lo
insinúa, existen evidencias de ese fenómeno.
Las transferencias reducen la pobreza. Y como para contrariar el supuesto de que
parte Ottón, el Informe señala que los “Programas
que transfieren dinero reducen la pobreza en dos puntos porcentuales”.
Estos programas son, entre otros, el Régimen de Pensiones No Contributivo, el
Aseguramiento a Cargo del Estado, FONABE y FODESAF, parte de los cuales
pretende Ottón transferir a un gigantesco Ministerio de Asistencia Social, a
pesar de que ese mismo Informe indica que
los programas manejados por la CCSS son los que tienen menos filtraciones…” (Idem.; pp. 115); es
decir, tienen menos beneficiarios que no son pobres, son más eficaces.
3.- Gasto Social, Impuestos y Pobreza.
Vale la pena citar un estudio
realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en
que precisamente se destaca el papel del
Gasto Público Social en el combate a la pobreza y como el efecto redistributivo
de estos programas se ve contrarrestado por un régimen tributario que
privilegia los impuestos indirectos. La
conclusión principal del estudio es la siguiente:
“… el análisis muestra que las
transferencias directas en Costa Rica (como las de FODESAF) contribuyen
a la reducción de la pobreza extrema y la total, y que las transferencias no monetarias tienen un
efecto redistributivo destacable. No
obstante, previo a la monetización de tales transferencias que revelan el peso
significativo del gasto social, la
prevalencia de una estructura tributaria regresiva restringe mayores y mejores
avances en términos de equidad.” (PNUD:
La equidad en Costa Rica: Incidencia
de la Política Social y la Política Fiscal;
marzo de 2014; pp. 13).
Sin duda, con solo que el régimen
tributario no se cargara tanto del lado de los impuestos indirectos, la pobreza
disminuiría. Y si se atacara con
seriedad la evasión fiscal que ronda el 8% del PIB, el Estado costarricense
podría invertir más en salud, educación, vivienda y aumentar el monto delas
transferencias directas a la población pobre.
Claro, también se trata de erradicar el “clientelismo político” para que
esas transferencias lleguen a los verdaderos necesitados.
4.- Modelo de “Desarrollo” y la pobreza.
El Modelo de Desarrollo Neoliberal
es la causa de la pobreza y la desigualdad social: el desempleo y la evasión
fiscal –variables menos asociadas con el desempeño estatal que con el de la
empresa privada- explican más que cualquier supuesta “duplicidad” de funciones,
la persistencia de la pobreza en nuestro país.
Desempleo y pobreza. Señala Ottón
que la pobreza pasó de un 5.8% a un 7.3% entre 2010 y 2015, mientras en ese
mismo período los recursos para combatir la pobreza se elevaron en un 14.5%,
lo cual, según él, es una muestra de la
ineficiencia de esos programas (aunque el mismo admite que seguramente el
Modelo Económico es el responsable de que la pobreza persista). Lo que no dice el diputado es que la tasa de
desempleo abierto fue para el 2010 de un 7.3%, mientras que para el 2015 se elevó a un 9.7%: una diferencia de
2,4% superior al 1.4% de incremento de la pobreza entre 2010 y 2015. ¿No es más razonable explicar la persistencia
del nivel de pobreza debido al incremento del desempleo, que achacarlo a la
supuesta ineficiencia e ineficacia de los programas de asistencia social (que
los dos estudios arriba citados desdicen)?
Incumplimiento de derechos laborales, informalización del empleo y
pobreza. Hay que apuntar a tres factores que contribuyen a mantener
el nivel de pobreza anclado cerca del 20%: i)
el Costa de la Vida acumulado por años (Costa Rica es uno de los países más
caros de Latinoamérica: ver Informe XX
del Estado de la Nación), ii) el
incumplimiento en el pago del Salario
Mínimo (unos 300 mil trabajadores sufren ese violación patronal de sus
derechos), y iii) la informalización
del empleo (el 45.3% de los trabajadores), son factores que sin duda hacen su
contribución al problema de la pobreza.
Por supuesto que el manejo de los
programas de combate de la pobreza se debe mejorar. Pero hay que apuntar, en
primer lugar, a las verdaderas causas de
la pobreza y, en segundo, a los factores que distorsionan esos programas; como
el “clientelismo político”, que no se erradica cerrando instituciones o
despidiendo a empleados. El tema es “político”;
no técnico.
Heredia, 22 de enero de 2016.
Franco Benavides Flores
Secretario General de la
AFUMITRA
