martes, 21 de julio de 2015

¿Es cierto lo que dice Otto?

Miente cuando dice que no afecta a los actuales empleados
Otto y su Proyecto de Ley de Salario Unico

Franklin Benavides
Secretario General de la Afumitra

Para que no haya equívocos:  nos referimos al Proyecto de Ley de Empleo Público, presentado por Otto Guevara y otros diputados el 8 de diciembre del 2014,  bajo el Expediente No 19.431.

Otto Guevara ha manifestado una y otra vez que no está en su intención afectar los salarios de los actuales empleados públicos y que su proyecto de ley, más conocido como “Ley de Salario Unico”,  se aplicará solo a los nuevos empleados.

El artículo 67 del proyecto de Otto dice así:

ARTÍCULO 67.- Salario único

El sistema podrá acordarse únicamente para los funcionarios de nuevo ingreso.  Si se dispusiere para los funcionarios ya ingresados, ello solo podrá acordarse con la anuencia del funcionario.

Pero en los transitorios del mismo proyecto se especifica:

TRANSITORIO II.- Las convenciones colectivas y otros convenios similares vigentes y que se opongan a esta ley continuarán rigiendo por un año más, improrrogable.

TRANSITORIO III.- Las disposiciones reglamentarias vigentes que otorguen mayores derechos que los contemplados en esta ley, continuarán aplicándose únicamente a los actuales servidores y por un período de cinco años, improrrogable.

La restricción de las eventuales indemnizaciones por la modificación de pluses salariales a un máximo de 12 años (artículo 61) y la definición de Derecho Adquirido como “los ingresados real o jurídicamente a la esfera jurídica individual del funcionario” (artículo 64),  no deja duda de que los pluses salariales de los actuales empleados se verán afectados.

De manera que una vez más se confirma que Otto Guevara acostumbra hablar con “medias verdades” y manipula la información.  Lo cierto es que su proyecto da un período de “gracia” de cinco años, a partir los cuales se aplicará el Salario Unico a todos los empleados públicos.

Hay cosas más graves que estas relativos al Salario Unico.  Por ejemplo, el empleo público se convierte en una relación de servicio “no contractual” (artículo 29).  Es decir, mediante este proyecto de ley Otto pretende erradicar de una vez por todas la negociación colectiva en el sector público y, por tanto, desaparecer a los sindicatos.

Heredia, 20 de julio del 2015.

miércoles, 15 de julio de 2015

Un tema difícil.

Para entender los salarios de RECOPE (y del ICE)

Franklin Benavides Flores
Secretario General de la Afumitra

Es difícil hacer un comentario sobre los salarios de RECOPE cuando uno escribe desde la posición de quien defiende el derecho de los empleados públicos a recibir un salario digno.  Y cuando se sabe que un chofer de esa institución percibe una remuneración cercana a los ¢ 3 millones, mientras el salario promedio para los asalariados del sector privado es de unos ¢ 400 mil; es mucho más fácil quedarse callado o negar la verdad con datos rebuscados (que se refieren al salario base y no al salario total).  No obstante me atrevo con lo que sigue:

1) SALARIOS Y PRECIOS DE LA GASOLINA. Lo primero que se debe decir es que no es cierto que los salarios de RECOPE disparen los precios de la gasolina.  Nada más hay que recurrir a los datos oficiales para saber que el rubro de remuneraciones representan apenas un 2,8% del presupuesto total de esa Institución.  En cambio, el impuesto único a los combustibles, sí que es un factor determinante en el precio, pues  constituye cerca del 40% de los mismos.

LOS SALARIOS DE LUJO EN RECOPE Y EN OTRAS PARTES DONDE NO HAY SINDICATOS.

2) Lo segundo, es que así como es difícil justificar el salario millonario de un trabajador de baja calificación, lo es el justificar los ¢18 millones que percibía el gerente del Banco Nacional.  Dos extremos que por distintas razones no pueden justificarse en el marco de una economía como la de nuestro país. 

3) Otro argumento para valorar en toda su dimensión los salarios de RECOPE y la subsiguiente  “complicidad” sindical, es señalar que los salarios de las entidades reguladoras, como ARESEP están muy por encima del salario, no digamos ya de un empleado del sector privado, sino del salario que perciben los educadores públicos.  Y en la ARESEP no hay sindicatos ni convenciones colectivas a los que se le echar la culpa.

4) EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES PRIVADOS ES UN MAL REFERENTE. Damos por cierto que los salarios en RECOPE son hasta tres veces superiores al promedio para el sector privado.  Pero, claro, es importante demostrar, para dimensionar esta “inequidad”, si los salarios del sector privado permiten satisfacer las necesidades básicas y en qué medida.  No dispongo en este momento de un estudio que compare los salarios promedio de la empresa privada con respecto al valor de la canasta básica.  Me atrevo a afirmar, no obstante, que los salarios usados de referencia (los del sector privado) para compararlos con los de RECOPE y otras instituciones públicas, son insuficientes para vivir con dignidad.  De manera que no basta con señalar que los empleados públicos ganan dos o tres veces más que los del sector privado para demostrar la inequidad alegada. Afirmo que los salarios de la mayoría de los empleados públicos simplemente son dignos y en algunos casos, como en el de RECOPE, son excesivos en el marco de nuestra realidad; como lo son los salarios los jerarcas de los bancos, de los entes reguladores y de muchas instituciones del Estado, y no en la mayoría de los casos por intervención de los sindicatos.

5) SALARIOS Y COSTOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. Otro elemento de valoración, y este se refiere a la naturaleza de la actividad económica, son los costos y el origen de su financiamiento (ingresos propios o impuestos).   No es lo mismo una institución pública que brinda servicios de manera gratuita, por ejemplo el Ministerio de Educación, que una empresa pública que vende sus productos, como RECOPE.  Tanto es así que mientras en el MEP las remuneraciones representan el  42% del presupuesto total, en RECOPE este porcentaje es del 2,8%.  Es evidente, desde el punto de la racionalidad económica, que la naturaleza de la actividad económica determine la estructura de costos y por tanto los salarios.   De manera que la igualdad salarial para los empleados públicos, aún respecto a homólogos categorías de puestos, no es racional desde el punto de vista económico.

6) ¿Y DÓNDE NO HAY SINDICATOS, CÓMO SE EXPLICAN LOS SALARIOS DE “LUJO”? Pero, se dirá que en RECOPE el factor “sindical” es relevante para determinar los costos de las remuneraciones.  ¿Se explican por este factor los salarios en RECOPE?  En una parte ínfima.  Porque, entonces, ¿cómo se explican los salarios de lujo de la ARESEP, la SUGEL, la SUTEL y todas las entidades reguladoras en que no interviene el factor “sindical”?  ¿Por qué son superiores a los del resto del Sector Público?  Y conste, estas entidades reguladoras no generan sus propios ingresos, como si lo hace RECOPE, ni pueden argumentar, por su relativa reciente creación, que los altos salarios obedecen a la “antigüedad” de tal o cual empleado.  El gasto en remuneraciones de RECOPE sale de su propia actividad; en cambio las jugosas remuneraciones de la ARESEP se pagan con los impuestos de todos los costarricenses.  Los salarios de los bancos salen de la actividad financiera:  ¿no es razonable que los costos sean distintos a los de, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo? ¿Qué peso tiene el “factor sindical”, con todo y convenciones colectiva, en el Poder Judicial, la Contraloría y la Procuraduría, instituciones, en que los salarios superan en mucho al promedio del sector privado y público?  De manera que más que un “factor sindical” en esas otras instituciones en donde los salarios se asemejan a los de RECOPE, tienen que actuar otros factores:  la autonomía para definir la política salarial; el carácter “monopólico” del servicio prestado (en el sentido de que, por su naturaleza, es una función exclusiva del Estado; por ejemplo: fiscalización y regulación de servicios públicos, administración de justicia, etc.); el nivel de calificación de sus empleados; y, ¿por qué no?, la concepción de Estado dentro de la que se construyó la política salarial para el sector público (Estado Benefactor, redistribuidor de la riqueza, incluyendo, también, el “clientelismo político” que acompañó al PLN y al PUSC en otro momento).

7) LO INJUSTO SON LOS SALARIOS DEL SECTOR PRIVADO. De manera que el que un chofer perciba cerca de ¢ 3 millones (que por lo demás, es un caso excepcional), no es un asunto tan simple como lo quieren presentar los Ottones, La Nación y sus complinches.  ¿Constituye esto una inequidad respecto a sus homólogos del sector privado y del público (porque en el Gobierno Central algunos chofes reciben salarios inferiores al Salario Mínimo)? Si. La inequidad consiste en que los choferes de la empresa privada no devenguen un salario digno, mientras en RECOPE al menos un chofer tiene un salario que se lo desean los profesionales del Gobierno Central.   Entonces, ¿qué es lo que constituye la reparación de la enequidad salarial para los Ottones? ¿Qué todos los empleados ganen tan mal como la mayoría de los que laboran en la empresa privada?  ¿Es la equidad “a la baja” la que pregonan estos señores y La Nación?  Sin duda.   Por eso promueven proyectos de ley para cortar los plueses salariales de los empleados públicos en general, con lo que según nuestros cálculos gran parte de sus salarios quedaría al nivel de sus homólogos del sector privado:  es decir, con salarios que apenas cubren las necesidades básicas.

8) LA INEQUIDAD TRIBUTARIA. Si aceptamos que existe inequidad salarial (relativizada por lo que dijimos antes) y que se han cometido excesos que, hay que recalcarlo, no se pueden cargar en su mayoría sobre el factor “sindical” –como ya se vio-; se debe aceptar que debe haber una intervención para resolver esa inequidad.  Pero, como el problema de las finanzas públicas es el sustrato de todo esta cuestión (las remuneraciones se comen el presupuesto, según la cantaleta de los neoliberales), no podemos dejar de señalar otro tipo de inequidad a la que no le ponen atención los paladines de la privatización de servicios públicos y de la austeridad presupuestaria:  la inequidad tributaria (exoneraciones, elusión, evasión fiscales).   Un importante sector de costarricenses, que no son empleados públicos, percibe enormes ingresos sin retribuir a la sociedad que los hace posibles con el correspondiente pago de impuestos. 
HAY QUE AVANZAR HACIA LA EQUIDAD SALARIAL…, PERO NO “A LA BAJA”.

9) Si.  Hay que avanzar hacia la equidad salarial al interior del Estado y entre los empleados de éste y los del sector privado.  Una buena forma para avanzar en el segundo tipo de equidad, es fortalecer lo que algunos denominan Salario Social.  Una mejor recaudación y un más equitativo régimen tributario permitiría fortalecer y extender los servicios de Salud, Educación y los programas de sub-sidios sociales (bonos de vivienda, escolar, etc.).  La percepción de servicios públicos gratuitos o subsidiados es una forma indirecta de elevar el salario en la empresa privada.  La otra iniciativa está ahí, a la mano de los diputados y es el proyecto de ley para promover el salario digno.  Pero claro, ya sabemos que la Alianza de Derechas en la Asamblea Legislativa no busca ese tipo de equidad “al alza”.

10) La equidad salarial al interior del Estado necesariamente implica resolver el tema del déficit fiscal por el lado de los ingresos (reforma tributaria progresiva). Porque es evidente que el camino de la equidad salarial “a la baja” a la que apuntan los proyectos del PLN y del ML no es viable a menos que se quiera aceptar el costo de una encarnizada confrontación entre los empleados públicos y sus sindicatos y las fuerzas políticas que la impulsan.  Así que el loable objetivo de lograr la equidad salarial entre los empleados del Estado, es necesariamente un camino largo (como largo ha sido el proceso que provocó la desigualdad y del que cabe la mayor responsabilidad al Bipartidismo). Esta no se puede construir sobre la conculsación de los pluses salariales que por convenciones colectivas (en su minoría) o por políticas autóctonas tienen hoy los diversas instituciones públicas; y sino, atendamos a la resistencia a esta “equidad” que exhiben los magistrados del Poder Judicial y los jerarcas de la ARESEP.  

11) Hay que cambiar muchas cosas, pero la vía a que apuntan las fuerzas de derecha nos conduce directamente a la confrontación.    

Heredia,   12 de julio del 2015


jueves, 2 de julio de 2015

POSICION DEL SINDICATO DEL MINISTERIO DE TRABAJO SOBRE ACUERDO

Apoyamos el Acuerdo suscrito por el PAC, el FA y el grupo sindical Patria Justa
Por la defensa y fortalecimiento del Estado Social


1)    Este 26 de junio, un sector del Partido Acción Ciudadana, el Partido Frente Amplio y un grupo de sindicatos aglutinado en Patria Justa suscribieron un acuerdo denominado “Una agenda patriótica para el bien común” (verlo adjunto). Formularon su cometido principal como “la recuperación y profundización del Estado Social y la calidad de vida de toda la ciudadanía”.  Con el fin de lograr tal cometido definen los siguientes objetivos estratégicos:  1. Defensa y revitalización de la institucionalidad pública (ICE, RECOPE, CCSS y Puertos); 2. Reforma Tributaria progresiva; 3. Remuneraciones salariales dignas y empleo de calidad y 4. Articular la participación efectiva de la ciudadanía para alcanzar los objetivos del acuerdo.

2)    El Acuerdo identifica con mucha claridad algunos de los temas que se debaten en la actualidad en el ámbito político y que constituyen el punto de desencuentro entre los abanderados del proyecto neoliberal y los sectores que buscamos construir una Costa Rica con más justicia social.  Este Acuerdo tiene la virtud de  propiciar  la alianza entre los sectores progresistas del país y podría permitir la articulación política de las fuerzas sociales anti-neoliberales que hoy están dispersas.

3)    El Acuerdo es importante, además, porque rompe la falsa oposición entre los derechos de los empleados públicos y los del resto de los (as) trababajadores (as) costarricenses, falsedad que todos los días repiten a coro los grupos conservadores y sus cajas de resonancias, con La Nación a la cabeza.   La lucha por fortalecer los servicios públicos y por resolver los problemas fiscales con una reforma tributaria justa, entre otros temas de importancia nacional, es una lucha de todos (as) los (as) trabajadores (as) costarricenses y, por supuesto, lo es también de los empleados públicos y sus organizaciones sindicales.

4)    El Acuerdo es de particular importancia para le empleados públicos y por tanto para los que laboramos en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no solo porque se opone a la aprobación de proyectos de ley que procuran suprimir las remuneraciones adicionales y la negociación de convenciones colectivas, sino porque tiene como objetivo central el defender y fortalecer los servicios que prestan instituciones sociales como la nuestra.
5)    Por todo lo anterior, la Junta Directiva de la Afumitra, apoya la denominada “Agenda patríotica para el bien común” y llama a los (as) servidores (as) del MTSS a:  i) estudiar y divulgar el Acuerdo y ii) a responder activamente al llamado de  la Afumitra y del resto de los Sindicatos  para movilizarse en respaldo a la Agenda.

San José, 29 de junio del 2015.



Junta Directiva de la Afumitra