lunes, 26 de agosto de 2013

Lunes de luna
Un canto más a la “equidad a la baja”
ó de cómo seguirle la corriente a la opinión dominante

Franco Benavides

Don Jaime Ordóñez, catedrático de la UCR y analista en varios medios de comunicación, escribió “CÓMO QUEBRAR EL ESTADO COSTARRICENSE (DESDE ADENTRO)” (Diario Extra: 23/08/2013).  Ahí don Jaime dice que el próximo gobierno debe combatir tres problemas.  Aquí solo nos referiremos a dos porque con el tercero estamos de acuerdo en términos generales. Así los fórmula: El primero: “Eliminar injusticias, abusos e inequidades de las convenciones colectivas” y el segundo: “La desigualdad salarial.- Un estudio reciente indica que el salario del sector público en Costa Rica es el doble del sector privado.”
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Lo primero que se debe decir es que es muy feo que alguien hable de privilegios y de la necesidad de suprimirlos cuando se beneficia directamente de los supuestos privilegios que critica.  Don Jaime es catedrático de la UCR y como tal tiene un salario muy por encima, ya no solo de otros profesionales del sector privado (digamos de las profesores de las universidades privadas), sino de los profesionales del Gobierno Central.  Pero además, por convención colectiva el catedrático Ordoñez ha recibido un aumento anual del 5.5% muy superior al 2.96% que reciben los empleados del Gobierno Central.  También recibirá o recibió –a menos que renuncia a tal derecho- una cesantía de 15 salarios, bastante superior a los 8 salarios que perciben los asalariados de la empresa privada.  Además, cuando don Jaime se ha incapacitado percibe el 100% del monto de su salario, mientras los empleados del sector privado perciben como indemnización el 60%. Por supuesto que el hecho de que don Jaime sea beneficiario de la Convención Colectiva de la UCR(1) y perciba salarios “inequitativos” y otros “privilegios”, no inválida sus argumentos en contra de tales beneficios, pero si le debilita moralmente.  Ahora vamos a los argumentos y no al que los blande públicamente.
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Las convenciones colectivas, instrumento legal reconocido -por lo menos hasta la fecha- por la constitución y normas internacionales, son un medio para ampliar los derechos laborales.  Son una de las principales herramientas a través de las cuales se hace posible  el principio de la progresividad y no regresividad del derecho laboral (que muy bien debe conocer don Jaime puesto que es abogado).  Pero el señor Ordóñez no ataca a las convenciones como tales (solo el radicalismo neo-liberal se atrevería a tanto), sino sus “excesos y abusos”.  Por eso celebra la sentencia de la Sala Constitucional que fija la cesantía en 20 años y no en 25 como prescribía la convención colectiva del CNP.  Y es aquí donde se observa que “privilegio” es un término relativo(2);  porque para la Sala y para don Jaime 25 son “privilegio” y en cambio 20 son “derecho”…,  aunque la mayoría de los asalariados tenga por tope de la cesantía, no 20, sino 8 años. 
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Al referirse al tema de la desigualdad salarial el señor Ordóñez, que acaba de señalar a los sindicatos como culpables de “excesos y abusos” que han creado, por medio de convenciones colectivas, una “casta de funcionarios con ventajas que exceden al resto de la población”, nuevamente culpa a esas organizaciones aunque sin mentarlas directamente (funcionarios “protegidos por leyes que se los indexan (los salarios)  crecientemente”).    Pero en cambio, don Jaime no menciona a algunas instituciones tales como el Poder Judicial, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría de los Habitantes, la SUGEL, la SUTEL, la SUPEN; instituciones éstas en dónde los salarios están muy por encima no solo del promedio para el sector privado sino para el resto del sector público; donde los montos de las anualidades, el pago de cesantía y el monto de las jubilaciones son verdaderos oasis respecto al resto de los trabajadores costarricenses… y aquí, ¡qué curioso!, ni siquiera existen sindicatos o convenciones colectivas a quienes responsabilizar por esos “privilegios”.
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En un concienzudo estudio de las convenciones colectivas de RECOOPE y de la CCSS (¿?) Don Jaime descubre “privilegios y ventajas que la mayoría de los costarricenses no tienen”.  ¡Pues claro que usted va a encontrar en las convenciones colectivas de RECOPE  y de CCSS (por cierto, en éste institución no  existe convención colectiva alguna; lo que existen son acuerdos o arreglos directos) beneficios que no tienen la mayoría de los trabajadores de nuestro país.  ¿Es que usted desconoce que en el sector privado no existen sindicatos que puedan negociar y ampliar los derechos más allá del “piso” que constituye el Código de Trabajo?  ¿Es que desconoce usted que los empresarios han creado muros impenetrables para la organización sindical en el sector privado? ¿No sabe que las normas del Código de Trabajo, que se concibieron como “piso”, ahora son “techo” y por cierto, cada vez más bajo, gracias a la flexibilización laboral legal y de hecho?
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¡Que los salarios del sector público son el doble de los del sector privado! –dice el señor Ordóñez.  Lo que no dice es que los salarios de sector privado son bajos y que, por tanto, la mayoría de salarios de los empleados públicos (no los “super-salarios” de los jerarcas de los bancos y otras empresas estatales) apenas si son salarios decentes. ¿Es que pretende don Jaime, como el gobierno, una “igualdad” a la baja?  La verdadera clave de esa “desigualdad” es que en el  sector privado no existen sindicatos (por la represión); de existir seguramente no habría una brecha semejante entre los salarios de uno y otro sector. Solo hay  que comparar los salarios y las condiciones de trabajo de los obreros bananeros cuando tenían una organización sindical fuerte y los que perciben ahora…(4).
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Se pueden argumentar muchas cosas más para desacreditar el discurso “igualitario” del señor Ordóñez.  Por ejemplo, que don Jaime hace abstracción de la historia de la sociedad y del Estado Costarricense, así como de sus procesos y “acuerdos” políticos,  ateniéndose a un concepto abstracto de “equidad” que ni la propia Sala Constitucional avala(3).  Pero lo que queremos enfatizar es que sus argumentos refieren más a un prejuicio en contra de las convenciones colectivas y, en el fondo, contra los sindicatos, que a un análisis de las verdaderas dimensiones, orígenes, causas y razones de las diferencias salariales y de derechos entre los empleados públicos y los de la empresa privada.
Heredia, 26 de agosto del 2013. 

Notas:
(1)    Una defensa que no es defensa, sería que el señor Ordóñez adujera que él nada ha hecho para crear esos “privilegios” en la UCR; que simplemente labora ahí, pero que ni siquiera es afiliado al sindicato que ha promovido esos beneficios.  Más pior: por lo menos los afiliados del Sindeu han tenido que luchar por esos “privilegios”, con huelgas incluidas; en cambio don Jaime los recibe sin mover un dedo… y para colmo se queja.
(2)    La historia de un país, su régimen político y económico, la estructura de su Estado, su cultura, etc. van a determinar –con la sanción de los grupos dominantes, claro está- qué es “privilegio” y qué es “derecho”.  Sin duda con el avance del programa neo-liberal lo que antes eran derechos generados por el ejercicio de la libertad sindical se convierten en “privilegios” y, más aún, cuando son derechos de apenas unos conglomerados laborales que han podido organizarse, mientras que la mayoría de trabajadores ven convertirse en “techo” las normas del Código de Trabajo, que antes se entendían como el “piso” de las normas de trabajo.
(3)    Ver: Sala Constitucional, Resolución Nro. 1770-94; citado por la Contraloría en el Informe NO. DFOE-PGAA-IF-65-2009 del 29 de enero del 2010.
(4)    Vamos a usar datos reales: El salario mínimo para un chofer en la empresa privada es de ¢ 281 mil.  El salario promedio de los 20 choferes que laboran en el MTSS es de ¢ 326.248.  De la diferencia, ¢ 45.248, es decir, un 16%, tiene “culpa” el plus salarial denominado “anualidad”.  ¿Ese plus es un “privilegio” o es un “derecho”? ¿Habría que suprimírselo a los empleados públicos o aplicárselo a los del sector privado?


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