Propuesta para re-orientar la agenda “coyuntural” del BUSSCO
Compañeras y
compañeros
Comisión
Política
Y Representantes de las organizaciones del
Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense
Estimadas (os)
compañeras (os):
Las organizaciones suscritas, miembros del BUSSCO,
Considerando
que:
1) El BUSSCO
realizó el 16 de octubre una importante movilización, pero de ninguna forma
puede considerarse esta como una huelga de envergadura nacional. No obstante, nuestro Bloque presentó el 22 de
octubre ante el Gobierno de Solís una “agenda de debate” que sobrepasa en mucho
la demostración de fuerza de que hemos sido capaces hasta ahora. La “agenda” pretende abrir un debate
“bilateral”, entre el Gobierno y el BUSSCO, como alternativa a la Mesa de
Diálogo Multilateral propuesta por otros grupos sindicales, abarcando temas que
en esencia ponen en discusión ejes centrales del Modelo Neoliberal (ver el
oficio BUSSCO-0010-2015 del 22 de octubre de 2015). Es decir, el BUSSCO reiteró en esta ocasión
su “agenda estratégica”, desagregando algunos de los ejes del documento que ya
le fuera presentado al Gobierno el año pasado.
2) Al BUSSCO
lo anima, sin duda, su lucha por resistir, frenar y desmontar el Modelo
Neoliberal. Ese es el objetivo
estratégico al que debemos apuntar. Sin embargo, no se puede obviar que la
principal característica de la actual coyuntura es el ataque feroz contra los
empleados públicos y sus sindicatos, ataque que por lo estratégico, define una
nueva fase en la implementación del Modelo Neoliberal en nuestro país. Luego del Combo del ICE y del Referendo contra
el TLC, el progreso de la “agenda” neoliberal requiere quebrar la resistencia
que durante todos estos años le ha presentado el Movimiento Sindical del Sector
Público.
3) Desde varios
frentes, entre los que destacan la Derecha agrupada en la Asamblea Legislativa,
la Sala Constitucional y lo que podríamos denominar los entes “técnicos” del
Estado (Contraloría, Procuraduría, ARESEP, SUTEL, etc.), se impulsan o
promulgan proyectos de ley, sentencias, dictámenes y pronunciamientos
administrativos que limitan cada vez más el espacio de negociación colectiva en
el sector público y el derecho a la huelga.
El Gobierno Central, al parecer bajo la presión de la derecha política,
empresarial y mediática, definió una política de “denuncia” de todas las Convenciones Colectiva y de
negociación a “a la baja” y, recientemente, a través del MTSS, emitió el
pronunciamiento DJA-AE-237-15 del 14 de setiembre del 2015, que recogiendo a su
vez pronunciamientos de la Procuraduría y sentencias de las Sala Segunda
abandona la tesis tradicional y adopta una que anula la aplicabilidad de
cualquier norma convencional una vez fenecido su período. No debemos olvidar las acciones desde varias
instituciones descentralizadas (UCR, ICE, BCR, CCSS, etc.) que por la vía
administrativa ya están limitando o eliminando las remuneraciones adicionales o
la forma en que se aplican las indemnizaciones por incapacidad.
4) A las
acciones de los entes del Estado se suma una campaña de desprestigio
sistemática desde las empresas comerciales de “noticias”, que han logrado
posicionar una serie de mitos y dogmas neoliberales, tales como que los de
salarios de los empleados públicos son la causa del déficit fiscal, que cualquier
derecho que esté sobre el Código de Trabajo es un privilegio odioso y el carácter cuasi-mafioso de los dirigentes
sindicales. Al parecer la campaña ha
sido exitosa, creando un cerco de prejuicios alrededor de los empleados
públicos, si como síntoma de su éxito valoramos las marchas de “odio” que ya se
están organizando en nuestro país, no por la defensa de derechos propios, sino
contra los derechos de otros.
5) Luego de los movimientos de huelga del 16 y 26
de octubre, pero especialmente con ocasión del acuerdo suscrito entre el
Gobierno de Solís y Patria Justa, ha arreciado la campaña de la Derecha
Política y mediática empresarial en contra de los empleados públicos y sus
sindicatos. Aunque, tal y como los
propios personeros del Gobierno lo han reconocido, el acuerdo con Patria Justa
no cedió nada, el clima político contra los sindicatos es de tal intolerancia,
que no perdona ni un “guiño” del Gobierno para con estas organizaciones que a
la derecha solo le falta catalogar abiertamente como “asociaciones para
delinquir”.
6) Por las
razones dichas, en la actual coyuntura la “agenda” del Movimiento Sindical del
Sector Público pasa a tener una importancia estratégica en la lucha por
resistir o frenar el progreso del desmantelamiento de lo que queda del Estado
Social. No se entienda que de una
“agenda de carácter nacional” se quiere pasar a una “agenda gremial”, enfocada
en el sector público. Es que en este
momento todas las fuerzas de la Derecha Neoliberal están apuntadas contra los
sindicatos de los empleados públicos y nosotros no tenemos la fuerza necesaria
para sostener una “agenda” tan amplia como la presentada el 22 de octubre ante
el Gobierno. En todo caso, un “debate”
con el Gobierno de Solís respecto a los temas estratégicos de la agenda del
BUSSCO –tal y como se ha propuesto-, no debe concentrar nuestros esfuerzos. Con el Gobierno y con sectores de la
Asamblea Legislativa hay que procurar una negociación sobre la “agenda
coyuntural”, que no es ni más ni menos la de salarios, empleo y negociación
colectiva en el sector público.
Por todo lo anterior, proponemos que:
Primero. Se procure desprender los temas de empleo, salarios y
negociación colectiva en el sector público de la Asamblea Legislativa y de la
Mesa de Diálogo Multilateral, llevando la negociación a un plano
“bilateral” (Gobierno y Sindicatos), que puede expresarse como la
habilitación de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP),
como el espacio (incluso así definido por reglamento[1])
para conocer y pronunciarse sobre los proyectos de empleo y salarios públicos y
sobre la política de negociación colectiva en el sector público.
Segundo. Los representantes de
la “comisión técnica” conformada para efecto de organizar el “debate” entre el
Gobierno y el BUSSCO, lleve como parte de su propuesta lo definido en el punto
primero, para el caso de los temas referidos a los empleados públicos y sus
sindicatos.
Tercero. Crear una Comisión
que se encargará de organizar la Contra-Ofensiva por la Dignificación y Defensa de los Derechos de
los Empleados Públicos y sus Sindicatos.
Tal comisión deberá presentar al BUSSCO un Plan de Lucha a más tardar en
la segunda semana de diciembre, contemplando al menos:
a) La
construcción del contra-discurso, junto con un programa de divulgación y
capacitación “hacia dentro” y “hacia afuera” del sector público.
b) Estudio
crítico de los diagnósticos y proyectos de ley relativos al gasto, empleo,
salarios y negociación colectiva en el sector público (incluyendo los proyectos
números 15.431, 15.506 y el que
presentará MIDEPLAN para transformar el pago por Anualidad en un Incentivo por
Desempeño).
c) Definición
de los ejes relativos a empleo, salarios y negociación colectiva en el sector
público que, eventualmente, podrían negociarse con el Gobierno para formular un
proyecto de ley alternativo, a los propuestos.
d) Acciones
que nos permitan la acumulación de fuerzas durante los meses que quedan del año
y los primeros del próximo, con la intención de construir las condiciones para
una huelga general indefinida para el mes de marzo o abril del 2015.
San José, 9 de noviembre de 2015.
AFUMITRA
CGT
OPY y otras organizaciones.
[1] El Decreto Ejecutivo No.
35730-MTSS indica en el “Artículo 9º—La Comisión Negociadora de Salarios del
Sector Público tendrá las siguientes atribuciones:
a)
Actuar como instancia de negociación en relación con los ajustes de
salarios del sector público y sus componentes, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico y posibilidades financieras. Los acuerdos serán ejecutados por los
Órganos competentes según corresponda.
b) Ser
una instancia de análisis de la política salarial del sector público a efectos
de ofrecer recomendaciones y pronunciamientos en esta materia.
c)
Analizar y recomendar sobre aspectos de políticas de gestión del Recurso
Humano en el sector público que se sometan a su consideración.
d) Integrar las subcomisiones que se considere
necesarias para el cumplimiento de sus funciones.”
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